Nombre: Amal Mu’amar Nakhleh

Edad: 17 años 

Profesión: Estudiante de Instituto

Fecha de arresto: (1) noviembre de 2020 y (2) 21 de enero de 2021

Lugar de detención: Campo de refugiados Palestinos Al-Jalazon, Ramallah - Territorios Palestinos Ocupados

Prisión: Prisión de Meggido

Duración: 11 meses, en curso

Situación actual legal: En prisión en detención administrativa,* de manera indefinida, sin cargos ni juicio.

El 21 de enero de 2021, a altas horas de la madrugada, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) arrestaron a Amal Nakhleh en su hogar, localizado en el campo de refugiados palestinos Al-Jalazon. Inmediatamente después de su detención y a causa de la petición del fiscal militar, el tribunal militar de Ofer decidió alargar la detención de Amal durante 72 horas adicionales, bajo la justificación de una nueva orden de detención administrativa impuesta en su contra el 24 de enero. A pesar de la edad del menor, el tribunal militar de Ofer aprobó la nueva orden de detención administrativa para un período de seis meses. Al mismo tiempo, el juez militar Shamon Ashuel declaró que la información secreta, por la cual Amal está preso, significa una amenaza para la seguridad de la región, hecho que justifica su detención arbitraria sin cargos.

El joven Amal sufre una grave enfermedad conocida como miastenia gravis,^[1] que requiere un cuidado especial, con tratamiento y medicación regular y, también, de la supervisión constante de los síntomas. Asimismo, el 2020, Amal se sometió a una intervención quirúrgica para extirpar una masa cancerígena de su pecho. Debido a la cirugía, Amal sufre, aún en la actualidad, graves dolores de cabeza y dificultades para respirar. A la situación mencionada se añade, de forma preocupante, el fracaso de la ocupación israelí para garantizar la protección de las personas presas palestinas, detenidas durante la pandemia de la Covid-19, que pone en evidencia las duras condiciones de vida dentro de las cárceles, que no aseguran el cumplimiento de los estándares mínimos para un nivel y condición de vida decentes.

Tras ocho meses en prisión, el 19 de septiembre de 2021, el comandante militar israelí presentó un recurso para renovar, una vez más, la orden de detención administrativa contra Amal. Finalmente, el 26 de octubre, el tribunal militar de Ofer admitió la solicitud y prorrogó la detención de Amal cuatro meses más. Durante la audiencia de confirmación, una parte del juicio militar de Amal, el menor pudo declarar y expresar su preocupación por su estado de salud física y psicológica, por lo que solicitó la supervisión de su médico de familia. Por otro lado, el menor formuló su preocupación por su futuro y aludió a sus deseos de continuar los estudios de secundaria y poder matricularse, en el futuro, en la universidad. A pesar de sus peticiones, el juez del tribunal militar de Ofer confirmó la prórroga de su detención, alegando que Amal supone una "amenaza severa para la seguridad del Estado." Esta acusación se basa en pruebas secretas que no pueden revelarse. Paradójicamente, tras la nueva orden, el tribunal militar declaró que el fiscal militar no presentó ninguna prueba nueva, sino que basó su decisión en "información secreta" presentada en sesiones anteriores.

La confirmación de esta orden significa la segunda ampliación de su arresto, así como la tercera orden de detención administrativa ratificada en contra del menor desde su encarcelamiento el 21 de enero. Por todo ello, Amal no será puesto en libertad hasta el 18 de enero de 2022, lo que representará un total de un año en prisión, sin cargos ni juicio, por culpa de unas "pruebas secretas" reservadas y ocultadas por la fiscalía y el tribunal militar israelíes. La decisión de renovar la orden de detención administrativa de Amal cuestiona, aún más, la complicidad del sistema judicial militar israelí con la ocupación y el régimen de apartheid de Israel.

La ocupación y el régimen de apartheid de Israel pone en el punto de mira a los niños y niñas palestinos; detención administrativa y negligencia médica de forma deliberada

Los niños y niñas palestinos no están protegidos y no pueden beneficiarse de la gran cantidad de convenciones y tratados internacionales que velan por sus derechos, en concreto la Convención para los Derechos del Niño (CRC), ratificada por Israel el octubre de 1991. En noviembre de 2021, el número total de niños y niñas presos en las prisiones israelíes llegó a alcanzar los 160, cuatro de ellos en detención administrativa. Sin embargo, los procedimientos militares y judiciales de Israel, impuestos también contra los menores de edad, ponen en evidencia la falta de protección adecuada como dicta la CRC. La mayoría de los menores en prisión han denunciado malos tratos y amenazas para obligarles a aceptar y declarar confesiones, extraídas a la fuerza, durante el período de interrogatorio; un período que conlleva bofetadas, agresiones y golpes violentos. A los niños y niñas presos palestinos también se les castiga con grandes multas.

La detención de niños y niñas palestinos encarcelados y sujetos a las condiciones severas de las prisiones y centros de detención israelíes, así como a las diferentes formas de tortura física y psicológica, también incluyen políticas de intimidación y de castigo severo que les impiden vivir y crecer con dignidad y con garantías de salud. Además, la pérdida de confianza y protección que padecen, resultado del aislamiento y la distancia respecto a su familia, rompe por completo con el proceso de formación de su personalidad y carácter; hecho que aumenta, aún más, el alejamiento de su entorno familiar y de su comunidad.