Violaciones continuadas de los derechos básicos de las mujeres palestinas presas: condiciones ilícitas bajo la detención israelí

Si bien las condiciones de detención israelí varían de una prisión a otra, en ningún caso satisfacen las necesidades de las mujeres ni las normas jurídicas internacionales. Actualmente, la prisión de Neve Terza en Ramleh es la única prisión especializada para mujeres en todo Israel. Muchas mujeres han estado detenidas allá desde la ola de arrestos que acompañaron los eventos posteriores al comienzo de la Segunda Intifada en septiembre de 2000, en una sección especial designada para lo que Israel clasifica como “prisioneras de seguridad”. Uno de los muchos efectos de ser clasificado como una ‘prisionera de seguridad’ es que mujeres palestinas prisioneras políticas bajo esta clasificación a veces se colocan en las mismas celdas que las mujeres israelíes delincuentes que se encargan de amenazarlas, agredirlas y humillarlas a través de varias formas de abuso verbal y físico. Además, mujeres palestinas detenidas también son discriminadas en esas instalaciones; disfrutando menos o nada a veces, sin tiempo de recreación y viviendo in dormitorios sin acceso a libros, periódicos y otros medios. Neve Terza también mantiene mujeres palestinas detenidas en aislamiento y para cortos periodos de detención durante las transferencias. Otras mujeres detenidas están encarceladas en antiguas prisiones que datan del período del Mandato Británico (1922-1948) y carecen de infraestructura moderna. Estas instalaciones, proyectadas por y para hombres, en consecuencia, raras veces satisfacen las necesidades específicas de género de las mujeres presas.

Desde la Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia en 2000, que se centró en parte en las necesidades especiales de las mujeres como personal de justicia penal, víctimas, delincuentes y prisioneros, muchos estudios han demostrado que las necesidades de las mujeres en prisión merecen atención especial por parte de las Naciones Unidas y los formuladores de políticas. Entre el conjunto de las necesidades específicas de las mujeres presas, las cuestiones relacionadas con la asistencia médica requieren atención urgente, un derecho estratégicamente negado por el Servicio Penitenciario Israelí (IPS).

El IPS ha adoptado una política sistemática de negligencia médica en relación con los presos palestinos mantenidos en sus prisiones y centros de detención. Además de la negligencia médica, la negación de un tratamiento médico y sensible a cuestiones culturales y de género ha afectado de manera aguda a las condiciones de salud de las reclusas antes y después de la liberación. Un estudio realizado por Addameer en septiembre de 2008 reveló que aproximadamente el 38% de las reclusas palestinas padecen de enfermedades tratables que no se tratan. La mala calidad de los alimentos y la falta de nutrientes esenciales hacen que las mujeres detenidas sufran de pérdida de peso, debilidad general, anemia y deficiencia de hierro. También están expuestas a un trato severo (como prácticas habituales de castigo físico y psicológico y humillación) por parte de guardias de prisión, tanto hombres como mujeres, que demuestran poco o ningún respeto por su bienestar o necesidades especiales, incluso cuando están enfermas o embarazadas.

Las severas condiciones de encarcelamiento como falta de aire fresco y luz solar, humedad en el invierno y calor en el verano, celdas sucias y atestadas que están infestadas con insectos, combinadas con estrés, mala alimentación y aislamiento de las familias contribuyen a perturbaciones frecuentes de la menstruación. Muchas mujeres también sufren de reumatismo y problemas dermatológicos debido a la humedad que se infiltra en sus celdas en el invierno. En el verano, la mala ventilación, la falta de aire fresco y la prevalencia de cucarachas y otros insectos también contribuyen a las enfermedades de la piel. A pesar de las solicitudes hechas por las mujeres presas, las autoridades penitenciarias se han recusado reiteradamente a proporcionarles productos de limpieza.

Las mujeres palestinas presas que sufren de enfermedades tratables como el asma, la diabetes, las enfermedades renales y oculares, la anemia de células falciformes, el cáncer y las convulsiones tienen poco o ningún acceso a los servicios médicos. Largas demoras en proporcionar un tratamiento médico deficiente son típicas. Aunque todas las prisiones incluyan una clínica médica, los médicos están de guardia irregularmente y el tratamiento médico especializado generalmente no está disponible. Hasta la fecha, no hay servicios especializados de ginecología disponibles para las mujeres palestinas retenidas en las prisiones israelíes y en los centros de detención, a pesar de sus solicitudes continuas para acceso a dichos servicios y reclamaciones lanzadas contra las reiteradas negativas del IPS. Es particularmente preocupante la ausencia de especialistas médicos femeninos que hablan árabe. La negación de servicios sociales sensibles al género, además de la negación de tratamiento cultural y religiosamente sensible, coloca a las mujeres que sufren problemas de salud en una posición extremamente vulnerable e incómoda. Por ejemplo, cuando las mujeres presas requieren hospitalización en instituciones israelíes, la atención ginecológica que es fornecida a menudo es culturalmente insensible, lo que les causa más estrés. Esta forma de discriminación se ve agravada por la negación de otras formas de servicios sociales y profesionales con sensibilidad cultural y religiosa. Los efectos de este trato discriminatorio equivalen a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres palestinas y, en consecuencia, a menudo conducen a condiciones de trastorno por estrés postraumático y depresión.

Negación de derechos a las mujeres embarazadas presas antes y después del parto

Las mujeres palestinas embarazadas no han escapado de los arrestos masivos de civiles palestinos bajo el régimen de la ocupación ilegal de Israel. Entre 2003 y 2008, Addameer documentó cuatro casos de mujeres palestinas detenidas que fueron forzadas a dar a luz mientras estaban en cárceles israelíes; todas las cuales recibieron cuidados prenatales y postnatales muy limitados o ninguno.

Como el encarcelamiento de las mujeres embarazadas representa un alto riesgo no solo para las mujeres mismas sino también para los resultados del nacimiento, el crecimiento posterior y desarrollo del recién nacido, sus casos son de preocupación máxima. Las mujeres embarazadas en prisiones y centros de detención israelíes no disfrutan de ningún trato preferencial en términos de dieta, espacio o traslados a hospitales.

Las detenidas embarazadas que son transferidas a los hospitales para dar a luz se trasladan solo bajo supervisión de seguridad estricta, con las manos y los pies de la mujer generalmente con grilletes de cadenas de metal. Las mujeres son encadenadas a sus camas hasta que ingresan a la sala de partos y son esposadas una vez más solo minutos después del parto.

El artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Israel en 3 de octubre de 1981, estipula que “los Estados Partes garantizarán a las mujeres servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo postnatal, otorgando servicios gratuitos cuando sea necesario, así como una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”. 

Registros desnudos: las prácticas del Estado israelí de tortura sexual

La frecuente demanda expresa por muchas mujeres palestinas prisioneras políticas es la práctica rutinaria y sistemática de Israel de registros desnudos, un proceso por el cual los soldados israelíes sacan casi por completo su ropa, a veces incluso su ropa interior. Durante los registros desnudos, a menudo se les pide a las prisioneras femeninas que se pongan en cuclillas mientras están desnudas y con frecuencia son sometidas a registros corporales internos intrusivos. Aquellas que se recusan a cumplir con esas prácticas a menudo son enviadas al aislamiento. Esas búsquedas a menudo ocurren durante las transferencias a las audiencias judiciales, y a veces pueden a veces ocurrir en el medio de la noche como una medida punitiva. Según Dr. Mahmoud Saiwail, el director de un centro de tratamiento y rehabilitación para víctimas de tortura en Ramallah, los registros desnudos de las mujeres prisioneras pueden llegar a equivaler a tortura en determinadas circunstancias.

El acoso sexual a las mujeres palestinas presas también se produce a través de amenazas de violación (incluyendo las amenazas de violación de sus familiares) e insultos sexualmente degradantes hechos por el personal penitenciario. Esas ocurrencias son una parte fundamental de la experiencia de las mujeres palestinas en la cárcel y deberían ser comprendidas como una forma común y sistemática de violencia estatal basada en el género y en la raza. Las investigaciones han demostrado que las autoridades penitenciarias de Israel deliberadamente explotan los miedos de las mujeres palestinas, utilizando las normas patriarcales, así como los estereotipos de género dentro de las costumbres particulares de la sociedad palestina. En consecuencia, las ocurrencias de agresión sexual son un tema sensible para las mujeres palestinas y sus familias, lo que dificulta la obtención de recursos posteriores a la agresión. La práctica habitual de Israel de desnudar y registrar a mujeres reclusas como método de punición viola sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluida la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula en su Artículo 7 que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes…”. Del mismo modo, el artículo 3 (1) (c) del Cuarto Convenio de Ginebra (1949) prohíbe “los atentados contra la dignidad personal, en particular, el trato humillante y degradante”.

Sentencias disuasorias contra mujeres presas

A las mujeres palestinas presas se les deniega su derecho a un juicio justo como testimoniado con las sentencias disuasorias e injustas contra ellas en 2016. Las condenas altas son una parte integral de la política israelí de opresión, venganza y castigo masivo con el objetivo de aterrorizar a las mujeres palestinas y disuadirlas de participar en el movimiento de resistencia. La Corte Central Israelí en Jerusalén sentenció a la niña herida Nourhan Ibraheem Awwad, 17, del campamento de refugiados de Qalandia al norte de Jerusalén, a 13.5 años de cárcel y una multa de NIS 30000 luego de su condena de un presunto ataque de apuñalamiento un año antes. El mismo tribunal condenó a la menor Marah Bakir, 17, de Jerusalén a 8 años de prisión.

La Corte Central de Jerusalén también condenó a la presa Israa’ Riyad Ja’abis, 32, de Jerusalén, a 11 años después de acusarla de intento de asesinato tras la explosión de un cilindro de gas en su automóvil cerca de un checkpoint militar que la dejó con quemaduras de primer grado. Mientras tanto, el Tribunal Militar de Ofer condenó a la prisionera Maysoon Mousa, 22, de Bethlehem a 15 años de cárcel. Mousa fue arrestada en junio de 2015 y acusada de apuñalar a un soldado.