PRISIONEROS DE JERUSALÉN ESTE

Diciembre de 2017

En diciembre de 2017 había 500 personas palestinas en cárceles israelíes. Desde principios del año 2008, el IPS ha transferido un buen número de presos de Jerusalén a la prisión de Gilboa, al noreste de los territorios de 1948, en un intento de fragmentar cualquier unidad del movimiento de prisioneros palestinos y segregar la demografía palestina, una estrategia que también funcionó durante los años de Oslo. La mayoría de los prisioneros de Jerusalén Este que actualmente se encuentran prisioneros en cárceles israelíes fueron arrestados durante la Segunda Intifada. Sin embargo, hay también aproximadamente 4 detenidos de Jerusalén Este que fueron arrestados antes de que la OLP firmara el Acuerdo de Oslo en 1993. Por otra parte, la cifra global no incluye el gran número de menores que son detenidos en Jerusalén todas las semanas y son arrestados durante horas o a veces incluso días para interrogarlos. En 2010, unos 1200 menores fueron detenidos en Jerusalén. De estos, solo a 230 les imputaron cargos y o bien fueron puestos en libertad bajo fianza, bien bajo arresto domiciliario o condenados a hacer servicios a la comunidad.  

Número de habitantes de Jerusalén Este detenidos en prisiones israelíes a finales de cada mes desde Enero de 2010 hasta diciembre de 2017

Denegadas por tanto la ciudadanía israelí como la identidad palestina, los derechos legales y políticos de Jerusalén cayeron bajo la discreción completa de las autoridades israelíes, creando así una desventaja única para los presos políticos de Jerusalén. Como resultado, los presos palestinos de Jerusalén Este han sido aislados y abandonó la liberación de un gran número de presos comunicado durante el comienzo de los “Procesos de Paz de Oslo” con una decepcionante falta de oposición por parte de los negociadores palestinos. Los prisioneros palestinos de Jerusalén Este así como los prisioneros palestinos del territorio de 1948, fueron totalmente excluidos de ser prisioneros liberados durante los Procesos de Oslo ya que fueron vistos por las autoridades israelíes como prisioneros bajo la autoridad del Estado de Israel, en lugar de ser presos políticos debido al conflicto palestino-israelí. Por otra parte, la cuestión de Jerusalén Este se consideró demasiado polémica para abordarse durante las negociaciones de Oslo, y esto necesariamente implica que la liberación de los prisioneros de Jerusalén Este no se iba a negociar. Esta situación continúa exacerbando sentimientos de exclusión social y política entre los presos de Jerusalén, ya que son el blanco de los esfuerzos israelíes de revocar los derechos de residencia en particular entre los habitantes de Jerusalén, que son miembros del Consejo Legislativo Palestino.

Como parte de sus esfuerzos para negar al este de Jerusalén el estatus de Territorios Ocupados en conformidad con el derecho internacional, Israel somete a los residentes palestinos de la ciudad a la ley civil israelí. Por lo tanto, en Jerusalén Oriental están obligados a pagar impuestos municipales, a pesar de que no reciben los mismos servicios que los residentes judíos de la ciudad, y el Ministerio del Interior puede revocar su residencia en caso de mudarse al extranjero o pasar a Cisjordania. Además de esto, las autoridades israelíes invocan tanto la ley civil israelí como las órdenes militares con los prisioneros de Jerusalén Este sobre una base puramente discrecional.

Por otra parte, en lugar de reconocer la situación de estos presos y detenidos como “personas protegidas” en virtud del derecho internacional humanitario, Israel registra a los de Jerusalén Este como criminales o delincuentes.

Si un habitante de Jerusalén Este está acusado de un delito que se cometió en Jerusalén o en territorios dentro de la Línea Verde, éste será juzgado ante los tribunales civiles israelíes, de acuerdo con el Código de 1977 Penal, el 1948 de Prevención del Terrorismo y la Ley 1982 de Procedimientos Penales. Sin embargo, la jurisdicción tribunal militar se puede extender a los residentes palestinos de Jerusalén Este, si su delito fue cometido en Cisjordania o si por cualquier razón, tiene vínculos con este territorio. La práctica regular muestra que muy poca carga se coloca en la Fiscalía para demostrar una conexión de este tipo, y que las decisiones arbitrarias siempre se toman para extender el período de interrogación al máximo, para permitir la máxima flexibilidad a la Agencia de Seguridad de Israel (ISA por sus siglas en inglés), oficiales durante un interrogatorio y reducir las salvaguardias jurídicas que garanticen el respeto de las normas internacionales sobre juicios justos.

Las experiencias de primera mano de los abogados defensores de Addameer demuestran que las autoridades israelíes a menudo detienen e interrogan a los palestinos de Jerusalén Este bajo órdenes militares; esto implica maltrato físico y psicológico generalizado y períodos de detención largos con poca o ninguna supervisión judicial efectiva. Bajo el sistema judicial israelí, las personas (incluidos los niños) pueden estar detenidas sin comparecer ante un juez durante un máximo de ocho días y sin derecho a un abogado durante un máximo de 90 días. En total, los detenidos por el ejército pueden ser detenidos sin cargos por un máximo de 188 días. En comparación, las personas israelíes acusadas de delitos contra la seguridad, dentro del sistema civil de Israel, pueden ser detenidos por un máximo de 4 días antes de poder declarar ante un juez, se les puede denegar el acceso a un abogado durante un plazo de 21 días y pueden ser mantenidos en custodia sin cargos durante un máximo de 64 días. Después del interrogatorio, los palestinos son transferidos al sistema civil israelí para el juicio, una medida que permite a los fiscales israelíes buscar sentencias más largas para los acusados de Jerusalén Este, basándose en el principio de que los delitos contra la “seguridad” son menos comunes en el estado civil de Israel que en el sistema militar de los Territorios Palestinos Ocupados (OPT por sus siglas en inglés) por lo que requieren de una pena más severa. Como prisioneros de seguridad dentro del sistema civil de Israel, a los palestinos se les niegan los derechos otorgados a un prisionero cualquiera israelí. Normalmente, los presos israelíes tienen derecho a ganar dinero dentro del sistema penitenciario, recibir visitas de familiares sin la presencia de un vigilante, les está permitido entrar libros y otros artículos, así como el uso del celular y a los presos a largo plazo se les permite recibir visitas de vez en cuando fuera de la prisión, privilegios que se les niega a un preso palestino. A través de esta manipulación de la ley sobre la base del estado territorial, los prisioneros de Jerusalén Este se someten a los aspectos más opresivos tanto de la ley militar como de la ley civil israelí.

 (1) Los ciudadanos israelíes acusados de delitos contra la seguridad del estado de Israel son casi exclusivamente árabes o palestinos con ciudadanía israelí, además de los palestinos de la Franja de Gaza. Como Israel ha impuesto y mantiene su autoridad sobre los presos de Jerusalén Este, estos también son incluidos dentro de esta jurisdicción. Como prisionero contra la “seguridad”, tienen más restricciones respecto a las garantías legales en comparación con los ciudadanos israelíes acusados de delitos penales. Sin embargo, como se ha señalado en esta publicación, las autoridades israelíes a menudo detienen e interrogan a los habitantes de Jerusalén Este bajo órdenes militares, donde aplican restricciones aún más duras.

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