Nombre: Khalida Jarrar

Edad: 58 años 

Profesión: Miembro del Consejo Legislativo de Palestina (PLC)

Fecha de arresto: (1) 2 de abril de 2015, (2) 2 de julio de 2017, (3) junio de 2018, y (4) 31 de octubre de 2019

Lugar de detención: Al Bireh - Territorios Palestinos Ocupados

Acusación: Ejercer como figura política en una "organización terrorista" (Frente Popular para la Liberación de Palestina, PFLP), según las órdenes militares israelíes

Sentencia: 24 meses de prisión, 5 años de inhabilitación desde el día de su liberación y una multa de 4.000 shekels ($1,270)

Prisión: Prisión de Damon

Duración: 1 año y 11 meses (1 año y 5 meses de detención preventiva antes de la sentencia), caso cerrado

Situación actual legal: En libertad desde el 26 de septiembre de 2021.

El 31 de octubre de 2019, ocho meses después de su liberación de la detención administrativa (sin juicio ni cargos), Khalida Jarrar fue detenida, una vez más, en su hogar en Al-Bireh. A las nueve de la mañana, las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI) asaltaron la vivienda familiar y se llevaron detenida a Khalida, que fue directamente desplazada al campamento militar de Ofer para ser interrogada. Tras su interrogatorio, Khalida fue trasladada a la prisión y centro de detención de Hasharon. El transporte se realizó en bosta,^[1] en condiciones denigrantes. Desde Hasharon fue trasladada al centro de interrogatorio de Al-Moscobiyeh, donde Khalida fue sometida a diferentes sesiones de interrogatorio antes de ser transportada de vuelta, primero a la prisión del Hasharon, y más tarde a la prisión de Damon. Finalmente, Khalida permaneció entre rejas hasta el día de su liberación en la prisión de Damon, tras cumplir condenaز

El 27 de noviembre de 2019, el fiscal militar israelí presentó los cargos contra Khalida, en los que se incluye el delito de pertenecer al partido del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP). En particular, esta misma acusación se formuló en su contra el 2015, momento en que fue encarcelada por 15 meses; y se repitió en 2017, cuando fue presa en detención administrativa durante 20 meses.^[2] Cada una de las detenciones de Khalida, así como todo el tiempo que ha pasado dentro de la cárcel, significan una violación flagrante del derecho internacional y de sus principios generales. Un ejemplo de ello: la prohibición de juzgar a una persona por el mismo acto varias veces (también conocido como ‘Principio de doble incriminación’).

El 1 de marzo de 2021, el tribunal militar de Ofer emitió la sentencia de Khalida, tras pasar casi un año y medio entre rejas. El veredicto determinó una condena de 24 meses de prisión para la líder popular. La resolución se aprobó después que la fiscalía militar modificó los cargos contra Jarrar, para afirmar categóricamente que su actividad se limitaba a su papel y trabajo relacionado con la Autoridad Nacional Palestina. Esta enmienda confirmó que Jarrar y su labor política no tenían ningún vínculo con ninguna actividad de organización o de financiación militar. La fiscalía militar reconoció que dichas modificaciones eran fruto de la dificultad de agotar todos los procedimientos posibles en el expediente; destacando que los testigos recogidos durante el interrogatorio fueron centrales para el caso. La decisión final del tribunal militar forma parte de la política sistemática de Israel de perseguir y atacar a los representantes políticos palestinos e impedir el desarrollo de su acción y labor política contra la ocupación. El poder judicial militar se emplea para controlar y privar al pueblo palestino de sus derechos políticos y civiles, en particular de su derecho básico a la autodeterminación.

A lo largo de la trayectoria de Khalida Jarrar —como líder de la sociedad civil palestina, antigua directora de Addameer, miembro del PLC y participante en la redacción de la solicitud de investigación sobre Palestina en la Corte Penal Internacional (CPI)— ha sido perseguida, acosada y atacada sistemáticamente por el régimen israelí. Además de todo lo mencionado, en 1998 se le interpuso la prohibición de viaje, que sólo pudo apelar una vez, en 2010, cuando tuvo que viajar para recibir tratamiento médico.

Los esfuerzos, contantes y persistentes, de la ocupación israelí para impedir y eliminar la actividad política, la soberanía y la autodeterminación del pueblo palestino

Desde el 2006, la ocupación israelí ha perseguido y sentenciado miembros del Consejo Legislativo Palestino (PLC) y los ha encarcelado de manera arbitraria, tras juzgarlos ante tribunales militares que carecen de garantías para un juicio justo. Asimismo, la ocupación israelí ha revocado la residencia en la ciudad de Jerusalén a varios miembros del Consejo, deportándolos a la fuerza al Área de Cisjordania y privándolos de cualquier posible acceso o visita a Jerusalén. La ocupación también ha impedido y restringido la libre circulación de diferentes miembros del PLC de viajar fuera de los Territorios Palestinos Ocupados. En la actualidad, ocho parlamentarios palestinos se encuentran aún en prisión, detenidos por Israel.

Último arresto

El 2 de julio de 2017 a las 4 de la madrugada aproximadamente, las fuerzas de ocupación israelíes cercaron la casa de Khalida Jarrar, miembro del Consejo Legislativo Palestino en el barrio Al-Ersal en Ramallah. Los soldados allanaron la casa de Jarrar, donde vive con su marido Ghassan y su hija Suha, después de tirar abajo la puerta de entrada a la misma. Estuvieron registrando la casa y confiscaron un iPad, un disco duro y su teléfono móvil.

Después, Jarrar fue trasladada al centro de detención de la prisión de Ofer para su interrogatorio. Fue interrogada durante sólo 30 minutos antes de confinarla a una pequeña celda sin ventanas durante cuatro horas. A las 4 de la tarde de ese mismo día, Jarrar fue trasladada a la prisión de HaSharon, una de las dos prisiones donde docenas de mujeres palestinas están encerradas.

Jarrar recibió una primera orden de detención administrativa que expiraba el 1 de enero de 2018, pero dicha orden fue renovada otros seis meses más el 27 de diciembre de 2017. Así pues, tenía que haber sido liberada el 30 de junio de 2018, pero dos semanas antes de que expirase este plazo, se ha producido una segunda renovación por un periodo de otros cuatro meses más.

Khalida, en resumen

Khalida Jarrar es una líder de la sociedad civil palestina que vive y trabaja en la Cisjordania ocupada, en la ciudad palestina de Ramallah. Fue la directora de la organización de Derechos Humanos y apoyo a los prisioneros, Addameer entre 1994 y 2006.

Entre 2006 y 2017 ha sido miembro de la Junta Directiva de Addameer. En 2006, fue elegida miembro del Consejo Legislativo Palestino (PLC en sus siglas en inglés) y ha sido la responsable de la Comisión de Asuntos de los Prisioneros del PLC. Jarrar también fue miembro del Comité Nacional Palestino para el seguimiento de la Corte Penal Internacional.

Procedimientos judiciales

La primera audiencia de Jarrar se celebró el 5 de julio de 2017 en el Tribunal Militar de Ofer en Ramallah. Durante esta audiencia, el juez decidió extender el periodo de detención de Jarrar durante otros seis días más. El 10 de julio de 2017, se celebró la segunda sesión judicial, donde el juez amplió su detención durante otras 48 horas más con el objetivo de que el fiscal valorara la posibilidad de imponer una orden de detención administrativa.

La detención administrativa

El 12 de julio de 2017, firmada por el comandante de las fuerzas de ocupación militar para Cisjordania, se publicó una orden de detención administrativa de 6 meses contra Jarrar. La sesión judicial de confirmación se celebró el 17 de julio de 2017 en el Tribunal Militar de Ofer, sin la presencia de Jarrar, quien rehúso asistir a la sesión. El fiscal militar alegó que la detención administrativa de Jarrar se basaba en información secreta relativa a su afiliación política con el Frente Popular de Liberación de Palestina (PFLP en sus siglas en inglés). Este alegato se realizó obviando el hecho de que Jarrar es una parlamentaria palestina electa y una defensora de Derechos Humanos, que ha abogado por los derechos de los presos políticos palestinos en cárceles israelíes.

Análisis legal

En los territorios ocupados de Cisjordania, el ejército israelí está autorizado a expedir una orden de detención administrativa contra civiles palestinos basándose en la Orden Militar 1651 y en la Franja de Gaza pueden emitirla según la Ley de Combatientes Ilegales. Esta orden otorga el poder a los comandantes militares para detener a un individuo por un período de seis meses, que se puede renovar indefinidamente si existen “motivos suficientes para presuponer que la seguridad del área y la seguridad pública requieren la detención”. En el día en el que la orden expira o justo antes de que lo haga, frecuentemente se renueva. Este proceso puede continuar indefinidamente.

La práctica de detención arbitraria es una grave violación de la legislación internacional y de los estándares de Derechos Humanos, particularmente de los artículos 78 y 72 de la Cuarta Convención de Ginebra según la cual un individuo acusado tiene el derecho a una legítima defensa. Esto viola también el artículo 66 de la Cuarta Convención de Ginebra sobre los estándares básicos a un juicio justo.

Addameer considera que la detención de Jarrar viola los estándares internacionales de un juicio justo ya que las órdenes de detención administrativa se basan en información secreta. Por esto, sus representantes legales no pueden rebatir por completo el argumento del fiscal, que asegura que Jarrar es un peligro para la seguridad.

La miembro del PLC, Khalida Jarrar ha sido objeto de numerosos obstáculos por parte de las fuerzas de ocupación. Fue liberada de prisión en junio de 2016 después de pasar cerca de un año en la misma, incluyendo un mes bajo detención administrativa. Jarrar tiene prohibido viajar fuera del Territorio Palestino Ocupado desde 1998, excepto en una ocasión, en 2010, cuando viajó a Jordania para recibir tratamiento médico después de largos procedimientos y presión diplomática.

Solidaridad internacional con Khalida Jarrar, miembro del PLC

El 16 de julio de 2017, un abogado de Addameer visitó a Jarrar en la prisión de HaSharon, y esta le dijo: “el Estado ocupante no respeta los derechos de las y los parlamentarios palestinos, su inmunidad, su derecho a ser políticamente activos y su derecho a la libertad de expresión. Toma medidas arbitrarias contra los miembros del PLC y no sólo se limitan a la restricción de movimientos y prohibiciones de viajes, sino que también utilizan la detención y los arrestos arbitrarios. Esto es una llamada a todas y todos los parlamentarios alrededor del mundo para que alcen sus voces contra las injusticias y violaciones por parte de Israel y para hacer un llamamiento para que eliminen la política de uso de la detención administrativa”.

Addameer ha instado a instituciones internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y activistas sensibilizados con la cuestión de los presos políticos y detenidos palestinos a que reclamen la inmediata liberación de Khalida Jarrar.

Situación de salud

Jarrar sufre infartos isquémicos múltiples e hipercolesterolemia y ha ingresado en el hospital debido a una epistaxis, durante la cual fue tratada para detener el sangrado continuo. El traslado entre el tribunal militar y la prisión, “bosta” es un proceso físicamente agotador. Jarrar ha manifestado que el traslado (ida y vuelta) duró aproximadamente 16 horas en condiciones muy difíciles incluyendo la prohibición de ir al baño.

Familia

Khalida está casada con Ghassan Jarrar, un empresario que también ha tenido varias experiencias de detención administrativa, deportaciones e interrogatorios. Khalida tiene dos hijas, Yafa (31 años) y Suha (27 años). El 11 de julio de 2021, la hija pequeña de Khalida, Suha Jarrar, fue encontrada inesperadamente muerta en su apartamento de Ramallah. A consecuencia de esta tragedia, se presentaron varios recursos en los Servicios Penitenciarios Israelíes (IPS) para conseguir que Khalida pudiera asistir al funeral de su hija, con un permiso de libertad temporal. La alegación para el permiso se justificaba por motivos humanitarios. Sin embargo, los IPS negaron rotundamente todas las solicitudes, calificando a Khalida como una "amenaza para la seguridad," debido a su "[negativo] papel de liderazgo", tanto dentro como fuera de la cárcel; dichos argumentos justificaron la inadmisión de toda consideración humanitaria posible para su liberación temporal.^[3] La negación de la libertad de Khalida para pasar el duelo de la repentina muerte de su hija y ejercer su derecho a participar en su funeral, evidencian la violación de la dignidad humana protegida por el derecho internacional.^[4]