El pasado sábado, 30 prisioneros palestinos -detenidos de manera arbitraria en las cárceles de la ocupación israelí- empezaron una huelga de hambre colectiva contra de su detención ilegal. Dicha acción colectiva nace como respuesta al aumento del número de detenciones administrativas impuestas por las autoridades de la ocupación israelí contra la población palestina, especialmente: defensores de derechos humanos, estudiantes, representantes políticos y ex prisioneros/as.

Una semana más tarde, la presente huelga de hambre pone en evidencia la recurrencia y dependencia de las autoridades de la ocupación israelí por imponer la detención administrativa de manera abusiva; un procedimiento en el cual las personas detenidas son retenidas, sin cargos ni juicio, por un período indefinido y basándose en "información secreta" inaccesible. Los prisioneros palestinos, actualmente en huelga de hambre, exigen poner punto final al empleo arbitrario, represivo y punitivo de la política de detención administrativa; una medida que se puede considerar una práctica de tortura contra cientos de personas palestinas, entre las que se incluyen mujeres, niños y niñas, personas mayores y activistas de la sociedad civil.

Hasta el 2022, las fuerzas de la ocupación israelí han intensificado la imposición, arbitraria y sistemática, de la práctica de detención administrativa. Según el equipo de documentación de la Organización de Prisioneras y Prisioneros Palestinos, actualmente alrededor de 780 personas palestinas se encuentran prisioneras en detención administrativa, retenidas indefinidamente en las cárceles de la ocupación, sin cargos ni juicio. Entre esta cifra se encuentran seis niños, dos mujeres y tres miembros del Consejo Legislativo Palestino. Cabe destacar que el número de órdenes de detención administrativa emitidas durante 2021 superó con un 40% el número de órdenes del año anterior (2020). Dicha escalada, que ilustra el aumento de las detenciones y órdenes de detención administrativa impuestas de manera arbitraria por parte de las autoridades de la ocupación israelí, se puso en evidencia el año 2021 ('Levantamiento Popular') en las movilizaciones masivas en solidaridad que se organizaron alrededor de los Territorios Palestinos Ocupados. En agosto de 2022, el comandante militar israelí emitió un total de 272 órdenes de detención administrativa, entre las que se incluyen 143 órdenes nuevas y 129 renovaciones.

Más del 80% de los prisioneros palestinos que forman parte de la presente huelga de hambre, que tiene el objetivo de alzarse contra de su detención, son ex prisioneros; es decir, han estado en más de una ocasión en la cárcel. Este fenómeno ilustra la persecución sistemática de la ocupación israelí de las personas palestinas que han estado más de una vez en la cárcel (ex prisioneros y prisioneras). Dichas personas son puestas en libertad, para al poco tiempo volver a ser detenidas de manera arbitraria, sujetas a la detención administrativa durante meses. Un ejemplo de ello es el caso del ex prisionero Asem Al-Ka’bi (actualmente en la cárcel), uno de los 30 prisioneros palestinos en huelga de hambre. En abril de 2021, Asem fue puesto en libertad tras cumplir con una sentencia de 18 años en la cárcel del Naqab. Meses más tarde, el 24 de agosto de 2022, Asem fue detenido una vez más y retenido hasta día de hoy en detención administrativa.

El creciente del empleo de la política de detención administrativa por parte las autoridades de la ocupación israelí tiene lugar en paralelo con la campaña de acoso de la ocupación y régimen de apartheid israelí contra la sociedad civil palestina. Un claro ejemplo de ello es la campaña de criminalización contra seis organizaciones de la sociedad civil (OSC), referentes en Palestina, que tuvo lugar en octubre de 2021. Por otro lado, entre los 30 prisioneros en huelga de hambre se encuentra el abogado de Addameer y defensor de derechos humanos, Salah Hammouri. Salah fue detenido el 7 de marzo de 2022 con una orden de detención administrativa de 3 meses; orden que, hasta el momento, ha sido renovada en dos ocasiones: el 5 de junio y el 5 de septiembre de 2022. Salah tenía tan solo 16 años la primera vez que fue detenido y desde entonces ha sido víctima de acoso judicial y administrativo perpetrado por las autoridades de la ocupación israelí. Este acoso permanente incluye seis periodos consecutivos de encarcelamiento y detención arbitraria, diversas prohibiciones de viajar, la separación y el aislamiento de su familia (actualmente en Francia), el ataque de espionaje y vigilancia digital, y recientemente, la revocación ilegal de su residencia permanente de Jerusalén que implica su consecuente deportación forzada de la ciudad. 

Históricamente, pero aún vigente en la actualidad, el movimiento de prisioneras y prisioneros palestinos ha tomado la decisión de proclamarse en huelga de hambre, como acción individual o colectiva, a fin de protestar contra la política sistemática y arbitraria de detención administrativa de las autoridades de la ocupación israelí. En 2021, alrededor de 60 prisioneros palestinos decidieron, de manera individual, iniciar una huelga de hambre. Un año más tarde, la cifra de prisioneros que deciden emprender esta acción sigue creciendo de manera considerable. A lo largo de estos años, se han identificado diferentes casos de prisioneros en huelga de hambre que han destacado por alcanzar situaciones extremas de salud, entre las que se incluye la amenaza inminente por su vida. Entre ellos: Ghadanfar Abu Atwan (65 días de huelga de hambre), Kayed Fasfous (131 días en huelga de hambre), Miqdad Al-Qawasmeh (113 días en huelga de hambre) y Hisham Abu Hawash (141 días de huelga de hambre).

Los tribunales militares israelíes —más allá de hacer oídos sordos a las prácticas de represalia, castigo y malos tratos contra la población prisionera palestina— rechazan rutinariamente los recursos presentados por los prisioneros en huelga de hambre con una orden de detención administrativa, a pesar de su evidente condición física. Es importante destacar que los tribunales militares justifican dicho repudio aludiendo al "peligro" actual que estas personas suponen, que se fundamenta únicamente por medio de "información secreta." Por lo contrario, los tribunales militares israelíes actúan, por partida doble, para confirmar, imponer y renovar órdenes de detención administrativa contra los prisioneros palestinos en huelga de hambre; sin tener en cuenta la condición, grave y explícita, de su salud, tal y como se puso en evidencia en el caso de Khalil Awawdeh.

Por ello, la detención administrativa sigue siendo una de las medidas más extremas que el Derecho Humanitario Internacional (DHI) —regido por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, que permite al Poder Ocupante utilizar dicha medida contra la población bajo ocupación. Expertos de las Naciones Unidas junto a Relatores Especiales han presentado diversos comunicados en los cuales condenan firmemente la práctica israelí de la detención administrativa. Los mismos han calificado dicha práctica como una vulneración del derecho internacional que retiene a la población palestina "sin cargos, sin juicio y sin convicciones" de manera indefinida, en base a pruebas "secretas" inaccesibles, tanto para las personas detenidas como para sus representantes legales. La última comunicación fue presentada el 21 de octubre de 2021 y puso en evidencia lo mencionado. Tras observar el significante número de huelgas de hambre entre los prisiones palestinos en detención administrativa, diversos expertos de las Naciones Unidas han expresado el "miedo severo" por las vidas de estas personas, exigiendo a las autoridades de la ocupación israelí "poner en libertad o imponer cargos" respecto a sus casos, con el objetivo final de poner punto final a la "práctica ilegal de detención administrativa." En estas últimas declaraciones se destacó la naturaleza arbitraria de esta práctica "prohibida de manera precisa por el derecho internacional, donde se incluye el derecho humanitario internacional."

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association (Asociación de apoyo a prisioneros y derechos humanos) reafirma su compromiso por apoyar a todas las personas prisioneras y detenidas palestinas, así como hacer eco de las demandas de los prisioneros actualmente en huelga de hambre, con el objetivo de terminar con el empleo, sistemático y arbitrario, de la detención administrativa. Desde nuestro equipo urgimos a la comunidad internacional a hacer presión a las autoridades de la ocupación israelí para liberar a las personas palestinas que se encuentran actualmente en detención administrativa. Nuestra petición se enmarca en la defensa de los derechos humanos y en la importancia de reconocer y garantizar a toda la población palestina en la cárcel de su derecho a la vida, del más alto estándar de salud y salud mental posible, de todas sus salvaguardias jurídicas básicas para poner punto final a todas las represalias contra los prisioneros en huelga.