Este año, en el Día de las personas presas, los presos y detenidos palestinos tienen que enfrentarse a una nueva amenaza, la Covid-19, presente en las prisiones israelíes y en los centros de detención. Las fuerzas de ocupación israelíes no han puesto en libertad a los presos y detenidos palestinos y tampoco han tomado medidas para mitigar y prevenir la Covid-19 en las prisiones. Es más, durante la pandemia se han producido arrestos y detenciones arbitrarias en masa, esencia de la larga ocupación militar israelí y se han continuado violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino. Según las estadísticas de Addameer, el número de presos palestinos en las cárceles de la ocupación israelí se situó en torno a los 5.000 en abril del 2020. Entre ellos había 432 personas bajo detención administrativa, 41 mujeres detenidas, 7 miembros del parlamento y 183 menores, veinte de ellos menores de 16 años.

Aunque las personas privadas de su libertad alrededor del mundo son más vulnerables a la pandemia de la Covid-19 que el resto de personas, el Covid-19 representa un peligro inminente y grave para las personas presas y detenidas palestinas, quienes ya de por sí viven en condiciones de detención duras: son sometidas a tortura y a malos tratos sistemáticamente, sufren negligencia médica frecuentemente, están hacinados, carecen de una ventilación apropiada y de acceso a productos sanitarios (entre ellos desinfectantes), presentar una nutrición escasa y en algunos casos, tienen completamente prohibidas las visitas de sus familiares. Estas condiciones hacen que las prisiones israelíes sean un caldo de cultivo para la Covid-19 y ponen en una posición de vulnerabilidad a los presos y detenidos palestinos, presentando cientos de ellos enfermedades crónicas que no se tratan. A pesar de la pandemia, las fuerzas de ocupación israelíes continúan arrestando rutinariamente a palestinos en sus casas de Cisjordania, incluyendo también Jerusalén Este, y los ponen inmediatamente en cuarentena. De hecho, desde el comienzo del estado de emergencia a causa de la Covid-19 en marzo, las fuerzas de ocupación israelíes han arrestado a 357 palestinos, entre ellos 28 menores y 4 mujeres.

Los personas presas y detenidas palestinas, aisladas del resto del mundo

A comienzos de marzo del 2020, las fuerzas de ocupación israelíes aplicaron algunas medidas de emergencia para hacer frente a la Covid-19. Por ejemplo, el 22 de marzo el comandante militar emitió una orden suspendiendo todas las visitas de familiares y abogados a los presos palestinos, enmarcando esta medida como prevención ante la Covid-19. Además, los detenidos no asisten personalmente a las vistas de los juicios, por lo que sus abogados/as no tienen comunicación directa con ellos, solo a través de llamadas telefónicas. Actualmente hay un número de detenidos palestinos que están siendo interrogados y se les ha prohibido recibir visitas de sus familiares y abogados y solo pueden realizar llamadas telefónicas o videoconferencias durante las vistas de los juicios. A todo ello hay que sumarle el rechazo continúo del Servicio Penitenciario Israelí a instalar teléfonos en las prisiones, evitando así que las personas presas contacten con sus familias. En esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja es la única entidad que puede tener comunicación directa y visitar a las personas palestinas presas.

Además, el 24 de marzo del 2020, el comandante publicó otra orden en referencia al “arresto de sospechosos a pesar del impedimento de realizar interrogatorios debido a la Covid-19”. Según esta orden, el juez del tribunal militar puede extender la orden de detención de cualquier persona detenida que esté siendo interrogada a pesar de tener un impedimento para ello, lo cual supone un riego para la salud de la persona y para cualquier persona que se encuentre con él o ella.

El 5 de abril del 2020, el comandante militar publicó otra orden relativa a “realizar las vistas de los juicios utilizando medios tecnológicos”. Según esta orden, las sesiones se realizarían a través de video llamada y si el vídeo no estaba disponible, se realizaría a través de una llamada. Solo en casos puntuales la persona detenida atendería la vista del juicio: cuando realizar la vista a través de videoconferencia o llamada telefónica perjudique al detenido y a su caso, apuntando que un detenido que se encuentre en cuarentena no puede acudir personalmente a la vista del juicio bajo ninguna circunstancia. Señalaba la orden también que, cuando la vista se realizase a través de videoconferencia o llamada telefónica, el abogado o abogada y la persona detenida podían comunicarse antes, durante o después de la vista. La orden eximía las sesiones para extender los periodos de detención; en esos casos, la persona detenida y su abogado/a podía acudir personalmente a la vista del juicio.

Así, Israel continúa violando los derechos de las personas palestinas a la libertad y a la seguridad personal, así como a un juicio justo. Generalmente las visitas de los familiares y los abogados se producen a través de un cristal, lo cual significa que no suponen un riego para la persona detenida porque no se hay contacto físico.

Las personas presas palestinas en medio de una propagación rápida de la pandemia

A pesar de la falta de información sobre las condiciones de encarcelamiento en las prisiones de la ocupación israelíes, las organizaciones están mostrando el desentendimiento para con los presos palestinos. Aún en este contexto tan sensible, todavía no se les han repartido los productos de higiene básicos.

Las condiciones de encarcelamiento de las personas presas palestinas son funestas: están hacinados en condiciones insalubres, carecen de ventilación y nutrición apropiadas. Ello hace que las prisiones sean caldos de cultivo para la Covid-19 y ponen en situación de vulnerabilidad a las personas presas palestinas. En particular, los presos han denunciado que el Servicio Penitenciario Israelí ha impuesto restricciones para comprar en la cantina, no les han dado productos sanitarios e higiénicos adecuados, exponiéndoles más a una propagación incontrolada. Los oficiales del Servicio Penitenciario Israelí no están tomando las precauciones adecuadas, ya que continúan registrando y contando diariamente a los presos sin trajes de protección, guantes o mascarillas. Tan solo recientemente los oficiales han empezado a utilizar mascarillas y guantes, pero no regularmente. Ahora, además, realizan un registro al día en el interior de las celdas y otro fuera de ellas. La administración de las prisiones repartió mascarillas entre los presos, pero insuficientes para todos los que se encontraban en la sección. Hasta nuevo aviso se han suspendido también los traslados entre cárceles.

Numerosos tratados del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos obligan al estado ocupante israelí a proteger a los presos palestinos. Sin embargo, el estado ocupante continúa violando los tratados internacionales y sus propias leyes. Por ejemplo, el Servicio Penitenciario Israelí no está aplicando la directriz del Tribunal Supremo israelí referida al espacio personal de los presos en las prisiones israelíes. Actualmente el espacio son tres metros cuadrados por preso, incluyendo el espacio en los baños[1], lo cual viola la directriz, ya que el espacio personal debiera ser de 6 metros cuadrados para cada prisionero/a[2].

En 2017, el Tribunal Supremo israelí falló en relación a una petición presentada por diferentes organizaciones israelíes sobre el espacio personal de las personas presas dentro de las cárceles israelíes. El fallo obligaba al estado ocupante a cumplir la regulación ya existente sobre el espacio personal en las prisiones en dos etapas: la primera etapa debía concluir en 9 meses[3] y la segunda en 18 meses[4]. A pesar de que el periodo para que la potencia ocupante cumpliera la regulación era suficiente, la Fiscalía General israelí presentó una apelación pidiendo una extensión para cumplir la normativa hasta 2027. El Tribunal Supremo israelí respondió dándole a la fiscalía hasta 2020 para que cada persona presa tuviera un espacio de 4,5 m². La regulación también concernía a los espacios dentro de los centros de interrogatorio, pero extendiendo el periodo para cumplirlo hasta 2021.

Hasta ahora, las autoridades de la ocupación israelíes no han aplicado el dictamen completamente, haciendo que las personas presas palestinas se encuentren en mayor riesgo de infectarse de la Covid-19. 

Los arrestos continúan a pesar de la Covid-19

Las fuerzas de la ocupación israelí continúan arrestando diariamente a personas palestinas en sus casas de Cisjordania e inmediatamente las ponen en celdas de aislamiento a modo de cuarentena. Por ejemplo, el 19 de marzo de 2020, las fuerzas de la ocupación israelí realizaron una incursión en el Campo de Refugiados de Dheisheh y arrestaron a tres jóvenes. Hicieron un uso excesivo de la fuerza, causando daños en las casas de los tres jóvenes detenidos; puertas, paredes, pertenencias personales además de aterrorizar a las personas que se encontraban en las casas. Uno de los detenidos fue Mustafa al-Hassat, quien había sido puesto en libertad el 20 de febrero del 2020 tras estar 20 meses bajo detención administrativa, sin cargos ni juicio y quien, además, había estado en huelga de hambre durante el verano del 2019 en protesta por su detención administrativa. Ahora, después de estar 14 días en aislamiento por la cuarentena, las autoridades de la ocupación expidieron contra él una orden administrativa de 6 meses.

Otro de los casos a los que Addameer dio seguimiento fue el del preso Ahmad Nassar, estudiante universitario. Nassar fue arrestado en su casa el 4 de marzo del 2020 y trasferido al centro de interrogación de Petah Tikva, donde fue interrogado durante 16 días. Durante los últimos días de interrogatorios y desde su celda, escuchó a los guardias decir que había sospechas de que una persona en el centro de interrogatorio tenía la Covid-19. Le dieron una mascarilla quirúrgica mientras los guardias llevaban un traje de protección. Un día después, le transfirieron a una celda de aislamiento en la clínica de la prisión de al-Ramleh, en donde, un día después de su llegada, le informaron de que estaría en la clínica en cuarentena durante 14 días antes de ser transferido a la cárcel de Megiddo. Nassar reportó que las condiciones de detención eran inadecuadas, en particular en referencia a la calidad y la cantidad de las comidas. Además, añadió que le tomaban la temperatura dos veces al día. Nassar, al final, solo pasó seis días en la clínica de la prisión del al-Ramleh; al sexto día tuvo una vista y fue puesto en libertad al día siguiente.  

Otro caso fue el de Qais Daraghmeh, también estudiante universitario. Qais fue arrestado en su casa el 24 de febrero de 2020. Inmediatamente fue transferido al centro de interrogatorio de Petah Tikva, en el que estuvo 21 días siendo interrogado. Durante su última semana de interrogatorios estuvo en su celda sin interactuar con los guardias o interrogadores. También escuchó a los guardias decir que sospechaban que uno de los interrogadores tenía la Covid-19 y, aunque no le informaron oficialmente, a los cuatro días le dieron guantes y una mascarilla y le trasladaron a aislamiento en la clínica de la prisión de al-Ramleh. Al día siguiente le informaron de que estaría ocho días en cuarentena ya que había estado previamente aislado en el centro de interrogatorio de Petah Tikva. Qais denunció que las condiciones de su detención en al-Ramleh eran inadecuadas, espacialmente en referencia a la cantidad y calidad de las comidas. También comentó que le tomaron la temperatura regularmente. Tras ocho días, le trasladaron a la sección 14 de la prisión de Ofer, donde estuvo seis días antes de ser trasferido a la prisión de Ayala, donde le volvieron a poner en aislamiento. Qais fue uno de los nueve presos que fueron a aislamiento después de que interaccionaran directamente con un preso palestino que estuvo en la misma sección de Ofer y dio positivo en coronavirus al día siguiente de haber sido puesto en libertad. Finalmente, Qais pasó cuatro días en aislamiento en la prisión de Ayala, ya que fue puesto en libertad tras la vista. No le hicieron ningún test durante el periodo en el que estuvo en aislado.